martes, 25 de mayo de 2010

MEDICOS CUBANOS


La penetración cubana en el exterior
Cientos de médicos cubanos han desertado desde Caracas
15.000 doctores de la isla trabajan en los barrios más pobres
M. P. - Caracas - 24/05/2010

Los médicos cubanos que trabajan en Venezuela viven en 30 metros cuadrados. Es lo que mide la segunda planta de los módulos de Barrio Adentro, donde duermen, cocinan y van al baño hasta cuatro cubanos a la vez (un médico, un fisioterapeuta, un optometrista y a veces un entrenador deportivo). Barrio Adentro es el programa de salud primaria ideado en 2003 por el ex presidente cubano Fidel Castro e implementado de inmediato por el Gobierno venezolano, como estrategia para levantar la popularidad de Hugo Chávez cuando la oposición planeaba convocar un referéndum revocatorio en su contra. Se trataba, en principio, de una ayuda temporal. Pero ha dado tan buenos resultados que la presencia de los cubanos ya es permanente.

Unos se vigilan a otros, y uno los vigila a todos. Cada cubano debe volver a "casa", si acaso salió de ella, antes de las seis de la tarde. Si un "compatriota" venezolano invita a alguno a dar una vuelta por el barrio, debe pedir permiso con semanas de antelación, a través de un acto motivado en el que, quien convida, debe explicar el propósito y la duración de la actividad. Hay una larga lista de venezolanos a los que los 30.000 cubanos que trabajan en Venezuela no deben frecuentar: la encabezan los escuálidos (el apodo con el que Hugo Chávez se refiere a los opositores) y los periodistas, que para el Gobierno vienen siendo lo mismo. Pero a pesar de los controles, cada tanto uno de ellos "desaparece".
La Sociedad Venezolana de Medicina Bolivariana, a la que están adscritos los pocos médicos venezolanos que trabajan en Barrio Adentro, lleva una cifra extraoficial de 1.500 médicos cubanos que han desertado de los 15.000 que prestan servicio en el país. "Cuando algún médico se fuga, el Gobierno inventa que fueron trasladados a otro lugar. Pero uno se da cuenta de que no es así porque desparecen de repente y no se sabe más de ellos", cuenta uno de los afiliados a la sociedad que ha pedido no ser identificado.
Venezuela representa para muchos de estos cubanos la posibilidad de desertar sin balsa hacia Colombia y, de ahí, a Estados Unidos. Por esos algunos esperan hasta un año después de apuntarse en listas de voluntarios para viajar a Caracas. Un informe publicado el 18 de abril por el diario El Tiempo de Bogotá da cuenta de que los huidos suelen llegar a la ciudad de Cúcuta desde la población venezolana de San Antonio del Táchira, ubicada en Los Andes, y a la población colombiana de Maicao, luego de atravesar Maracaibo, capital del Estado occidental de Zulia. Los cubanos emigrados a través de ambos pasos, señala el diario, hablan de 2.000 deserciones desde Venezuela.
Pero las únicas ausencias que admite el Gobierno venezolano son las irremediables. El 12 de abril de 2010, cuando se celebró el Día del Médico, el Ministerio del Poder Popular para la Salud desveló una placa en honor de los 68 médicos cubanos que han caído en Venezuela en casi siete años de servicio. "A los colaboradores de la salud fallecidos en tierras bolivarianas durante el cumplimiento de su deber", dice el bronce empotrado en el Centro de Diagnóstico Integral Salvador Allende de Caracas. Completan el tributo las imágenes de Simón Bolívar y José Martí, con una frase de cada uno: "Quien lo da todo por su patria no pierde nada, gana cuanto la consagra", "Deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo". Solo que los médicos cubanos no han muerto en batalla: unos enfermaron, otros han fallecido en accidentes de tránsito y a la mayoría los ha asesinado el hampa, que sólo en Caracas elimina entre 30 y 50 vidas cada fin de semana.

viernes, 7 de mayo de 2010

SISTEMA JUDICIAL BOLIVIANO

La polémica 'refundación' del sistema judicial boliviano
Organizaciones internacionales denuncian la reforma emprendida por Morales
MABEL AZCUI - Cochabamba - 07/05/2010
PERIODICO El Pais- España

La refundación del sistema judicial, parte fundamental de la revolución emprendida por el presidente boliviano, Evo Morales, ha hecho sonar las alarmas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que afirman que el nuevo paquete legislativo que prepara el Gobierno vulnera los tratados internacionales y no garantiza el derecho fundamental a un juicio justo.

El Gobierno boliviano ha restado importancia a la petición de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), que ha reclamado que se modifique la nueva legislación que prepara el Parlamento para enmarcarla en el contexto de los tratados internacionales vinculantes suscritos por el Estado, con el fin de proteger los derechos básicos del ciudadano y la independencia del Poder Judicial.
"Aquí no se está aprobando una ley contra ningún ex presidente; lo que sí está en debate es una nueva ley de juicio de responsabilidades", afirmó Morales en una conferencia de prensa en La Paz y, aseguró que HRW es un "instrumento gran defensor del imperio norteamericano, que va a acusar de cualquier tema a los Gobiernos que buscan transformaciones en Bolivia". Morales explicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en la modificación de una ley del siglo XIX que regula los juicios políticos a funcionarios de alto rango, que ya fue revisada en dos oportunidades en los últimos 10 años.
La organización HRW ha solicitado al Gobierno que modifique dos nuevas leyes y un proyecto que vulneran normas reconocidas por el derecho internacional, entre ellas, el estar presente durante el juicio, el derecho de apelar cualquier fallo y la aplicación de la ley a partir de su promulgación, sin retroactividad.
La preocupación de HRW está centrada en el anunciado juicio contra los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005), Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997) por presuntos delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y el uso supuestamente injustificado de "gastos reservados" con que todos los anteriores Gobiernos bolivianos contaron como respaldo económico.
El proceso judicial contra los ex gobernantes está pendiente ahora de la autorización que la Asamblea Legislativa debe aprobar, por dos tercios de los votos del Congreso, para que el Ministerio Público formule la imputación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El ex presidente Rodríguez Veltzé, que entregó el mando a Morales en enero de 2006, señaló que el documento de HRW se suma a varios otros pronunciamientos, tanto del exterior como locales, "que alertan sobre un paquete de legislación penal aprobado a título de 'emergencias' judiciales, que es regresivo en materia de respeto a los derechos humanos, particularmente en materia de las garantías universales al debido proceso y parece estar orientado más bien a fortalecer la estrategia de judicializar la política".
El documento de HRW recuerda al Gobierno boliviano que el derecho internacional prohíbe la aplicación retroactiva de disposiciones penales. Rodríguez Veltzé, obligado a dejar la presidencia de la Corte Suprema para asumir el mando de la nación en la peor crisis democrática en 2005, afirmó que "no se puede sancionar conductas que en el pasado no eran delitos y hoy, a título de lucha contra la corrupción, por ejemplo, se pretenda sancionar. Al contrario, en materia penal, el criterio es inverso, más bien la ley prevé que en el juzgamiento se debe aplicar la ley más favorable al acusado".
El vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el primer aimara que llegó a ese cargo acompañando a Gonzalo Sánchez de Lozada en su primera gestión presidencial, afirmó que "la legislación boliviana confunde procesos políticos con procesos penales. Es cierto que todos los ex mandatarios debemos rendir cuentas de nuestros actos ante la ley. Pero una cosa es un tratamiento político, como el impeachment (imputación) norteamericano, y otra cosa es el tratamiento penal de algunas infracciones legales".
Cárdenas destacó que los trámites realizados hasta ahora, en el proceso que se impulsa desde el Parlamento, "hasta ahora fueron clandestinos, sin comunicarnos ni preguntarnos y supeditados al interés político partidario y al afán de venganza y represalia del Gobierno actual de Evo Morales", y, con ello, dificultar la presentación de descargos y aclaraciones desde las primeras fases del proceso. "Con la presentación oportuna de tales documentos e informaciones, se puede ahorrar tiempo y energía y afrentas innecesarias a la dignidad de acusados injustamente", afirmó Cárdenas.
El mayoritario grupo parlamentario del Movimiento Al Socialismo (MAS) ?que ahora trabaja contrarreloj para aprobar otras cinco leyes en un lapso de dos semanas? mantuvo silencio respecto a la petición pública de HRW de que se garantice la independencia del Poder Judicial y se adapte la nueva legislación a los tratados internacionales que tienen carácter vinculante para el Estado boliviano.
"La ley anticorrupción es de vital importancia para los bolivianos para combatir este mal que ha afectado por tanto tiempo" a la sociedad y a la función pública, afirma el constitucionalista José Antonio Rivera, quien, sin embargo, muestra reparos, porque "sus normas contravienen estándares básicos" que rompen la armonía con tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y dejan en el desamparo a los bolivianos.
El Gobierno boliviano ha logrado en un lustro la desarticulación de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y otros órganos del Poder Judicial, y en los últimos meses el reemplazo de la mayor parte de los magistrados por vocales designados por el presidente Morales. Morales dijo que aspira a contar con el Poder Judicial para completar su revolución en Bolivia.
La Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de aprobar, con la mayoría de dos tercios del gobernante MAS, leyes transitorias que le permitan ganar tiempo en relación con los plazos perentorios fijados en la Constitución Política del Estado, en su afán de apurar los cambios y transformaciones que busca el Gobierno del presidente Morales.
Las nuevas disposiciones han eliminado, por ejemplo, el derecho a juez natural (el magistrado territorial determinado por ley según el lugar donde sucedió el hecho o reside el ciudadano) reclamado con vehemencia por los magistrados de Santa Cruz, que vieron escaparse de sus manos los procesos contra líderes y ciudadanos de la región que fueron acusados de presuntos vínculos con el terrorismo, obligados todos a viajar a La Paz para declarar ante un fiscal de ese distrito. Es el caso también del ex gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, que pronto cumplirá 20 meses encarcelado y sin juicio en la sede de Gobierno.

lunes, 12 de abril de 2010


Bolivia critica recorte a fondos contra cambio de clima
Redacción
BBC Mundo 11/04/2010

Bolivia criticó el recorte de ayuda por cuenta a su posición frente al acuerdo de Copenhague.
Bolivia condenó una decisión tomada por Estados Unidos y Dinamarca de suspender parte de la ayuda a ese país luego de que el gobierno encabezado por el presidente Evo Morales se opusiera a la adopción del acuerdo de Copenhague para combatir el cambio climático.
Un vocero boliviano, Pablo Salon, dijo que el recorte en la ayuda era injusto, y una manera de castigar a Bolivia.
Agregó que el país no cambiaría sus políticas frente al cambio climático.
El diario Washington Post informó el viernes que Estados Unidos daría prioridad a los países que apoyan el acuerdo, respaldado ya por cerca de 120 naciones.
Perdería US$3 millones
El periódico dijo que los fondos que Bolivia perdería corresponden a una asignación de US$3 millones de la Iniciativa Global de Cambio Climático, un programa de Washington.
El viernes pasado se iniciaron en Bonn, Alemania, negociaciones internacionales para retomar la búsqueda de un acuerdo sobre el clima, informó Richard Black, enviado de la BBC a las conversaciones.
Existe una gran incertidumbre sobre el futuro de este proceso, agregó el corresponsal.

domingo, 11 de abril de 2010

INMIGRACION


El Ayuntamiento de Vic delatará 'sin miedo' ante el Gobierno a los inmigrantes irregulares

Vic se ha convertido en epicentro del debate sobre la inmigración Marta Pich


-Vila d'Abadal: La decisión de la UE demuestra 'que vamos por buen camino'
-La Comisión Europea asegura que no ha tomado partido por el proyecto de Vic
-Bruselas insta al Gobierno a facilitarles el retorno o a legalizarlos
Efe Barcelona
Actualizado viernes 09/04/2010 21:44 horas

El Ayuntamiento de Vic (Barcelona) informará "caso a caso" a la Delegación del Gobierno en Cataluña de los inmigrantes empadronados en la ciudad que se encuentren en situación irregular en España y que "no tengan los requisitos de residencia legales".
El primer teniente de alcalde de Vic, Xavier Solà (CiU), ha asegurado que el consistorio ha decidido llevar a cabo esta medida para no "prevaricar por omisión", ya que, según ha dicho, se podría dar el caso de que un fiscal actuara en contra del ente municipal por incumplir las indicaciones de la Unión Europea.
La comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, ha asegurado hoy que "las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio".
Posteriormente, el portavoz de asuntos de Interior del Ejecutivo comunitario, Michele Cercone, ha aclarado que Cecilia Malström "no se ha pronunciado sobre la posibilidad o no de registrar a las personas en situación irregular" y que lo que exige Bruselas es que la situación de esos inmigrantes se clarifique cuanto antes.
En este sentido, Cercone ha subrayado que la Comisión "no ha tomado posición en materia de registro", ya que ese punto en concreto no está cubierto por la directiva europea aprobada en 2008.
Sin embargo, para el eurodiputado de CiU, Ramon Tremosa, la postura de la comisaria avala al Ayuntamiento de Vic en su polémica con el Gobierno, que le exige que inscriba a los sin papeles en el padrón.
Por su parte, Xavier Solà considera que la Comisión Europea trata de decir al Gobierno "señores, procedan", ya que el Ayuntamiento, que "no tiene competencias" en materia de inmigración, dejará en manos del Gobierno si expulsa a los inmigrantes o les da permiso para residir legalmente en España.
El teniente de alcalde vicense ha afirmado que la medida de comunicar a la Delegación del Gobierno la situación irregular de los inmigrantes que se empadronen en la ciudad entrará en vigor "a partir de hoy" y que, si bien en un principio no tendrá carácter retroactivo, se podría aplicar también a los inmigrantes empadronados con anterioridad si el ejecutivo lo reclama.
Por su parte, el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha celebrado las palabras de Malmström, porque la Comisión Europea (CE) "nos dice que lo hacemos bien", según afirma en un comunicado.
Vila d'Abadal ha indicado que la negativa del Ayuntamiento a empadronar a inmigrantes sin papeles "ha servido para introducir sentido común en el empadronamiento y acogida de recién llegados".Para el alcalde de Vic, la ciudad "recupera el buen nombre" tras las intensas campañas "de desprestigio" de determinados medios de comunicación, y ha calificado la respuesta de la CE de "esencialmente humanitaria", puesto que mejorará "la seguridad jurídica de todas la partes implicadas" y evitará "la explotación" de los sin papeles

viernes, 18 de diciembre de 2009

Multas a inmigrantes en Alicante

INMIGRACIÓNLa Diócesis denuncia multas excesivas a los inmigrantes sin papelesEl Secretariado de Migración afirma que las sanciones en Alicante por no tener en regla la documentación son hasta veinte veces más elevadas que en el resto de España

Periodico INFORMACION 17/12/2009

Colas en las dependencias policiales de Extranjería de Campo de Mirra, en una imagen del pasado mes de junio RAFA ARJONES A. PRADO El Secretariado Diocesano de Migración-Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI) Alicante denuncia en su informe sobre "Inmigrantes en situación irregular" de 2009 que la Oficina de Extranjeros de Alicante aplica sanciones "desorbitadas" a inmigrantes en situación irregular y que éstas llegan a ser hasta veinte veces superior que en otras provincias españolas.En dicho informe, colgado ayer en su página web, se explica que la legislación vigente -la Ley de Extranjería 4/2000- establece sanciones de 301 a 6.000 euros a aquellas personas extranjeras que no tengan su documentación en regla e incluso puede significar la expulsión, aunque una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 establece que este extremo sólo debe aplicarse en situaciones excepcionales.El establecimiento de la sanción económica, apunta el informe, varía en función de la provincia y "en Alicante, a diferencia de otros lugares de España, se viene aplicando un criterio de proporcionalidad en función del tiempo de estancia que el ciudadano extranjero lleve en España en situación irregular". Es decir, que cuanto más tiempo lleve el inmigrante en España, mayor será la sanción económica, algo que consideran "discutible y arbitrario". Fuentes del Secretariado apuntan que ha habido casos con más de dos años de estancia irregular que han sido sancionados con 6.000 euros cuando estaban a punto de solicitar la residencia por arraigo social a los tres años. Ello, "sin tener en consideración si esa cantidad guarda proporción con los medios económicos de los que esta persona pueda disponer", ni tampoco tener en cuenta otros criterios como su arraigo en el territorio, el mantenimiento de familiares o cualquier otro.Las mismas fuentes señalan que en otras provincias como Madrid, Cádiz o Barcelona se aplican las sanciones mínimas de 300 euros en casos similares, algo que corroboran desde servicios jurídicos de otras ONG.Este criterio de proporcionalidad se aplica en Alicante tomando al pie de la letra el baremo recogido en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de noviembre de 2008, que determinó una multa de 1.500 euros a un inmigrante por estancia irregular de 9 meses, lo que lleva, por esa proporción, a multas de 6.000 euros por 36 meses.Desde el Secretariado apuntan que al año atienden decenas de casos en estas circunstancias, que consideran "injustos" y que son recurridos sin éxito ante la Subdelegación del Gobierno. Esta situación ha sido denunciada en ocasiones anteriores por considerar dicho criterio "discutible", añade el informe, que recuerda que son pocos los inmigrantes que recurren a la vía judicial ante el retraso acumulado en los juzgados de lo contencioso-administrativo.Además, la última reforma de la Ley de Extranjería endurece las sanciones -de 501 a 10.000 euros- y desde el Secretariado-ASTI temen que en Alicante se eleven aún más las cantidades.Este diario ha intentado obtener explicaciones de la Oficina de Extranjeros pero no ha sido posible.

viernes, 2 de octubre de 2009

Final del Campeonato de Futbol Sala

ALICANTE.- El dia sabado 12 de septiembre se jugo las semifinales y la final del campeonato de futbol sala organizado por la Asociacion Bolivia Por Siempre Unida, el cual se desarrolla en el campo deportivo del castillo Santa Barbara. Como se esperaba concurrio mucha gente a alentar a sus distintos equipos.
El tercer y cuarto puesto lo disputaron los equipos de 6 de Agosto y Cochabamba fue un partido intenso que termino ganado el equipo de Cochabamba. Y la gran final lo jugaron Ecuaman (Ecuador) y Amanecer Latino (Ecuador) y por segundo campeonato consecutivo se coronó campeón el equipo de Amanecer Latino.
Los organizadores felicitaron a todos los equipos participantes y agradecieron su participacion en este tercer campeonato organizado por la Asociacion Bolivia Por Siemre Unida. Tambien se hace una mención especial al Sr. Victor Perez Callejas el cual ha hecho un trabajo elogiable en este campeonato.
Rolando Tejerina Basilio
Presidente Asoc. Bolivia Por Siempre Unida

lunes, 24 de agosto de 2009

EMPADRONAMIENTO

Erbol > Política
Bolivianos en Valencia rechazan designación de centros de registro
Texto: Mariano Verdugo OlmosValencia, 21 Ago (Erbol).- Por lo menos siete Asociaciones Bolivianas de la Comunidad Valenciana han manifestado su disconformidad por la designación de Comisiones Obreras (CC.OO), Organización Sindical de Trabajadores y Rumiñahui, Asociación Hispana-Ecuatoriana, como centros de empadronamiento y posteriores recintos de votación en los comicios electorales del 6 de diciembre próximo.
La comunicación fue oficializada por la coordinadora del voto en Valencia, Eliana Estrada Landaeta, mediante notas a las diferentes asociaciones y confirmada en una entrevista concedida a Erbol en Valencia.
Rolando Tejerina, presidente de la Asociación “6 de Agosto”, dijo que ha sido una decisión poco acertada, ya que se ha desmerecido a las asociaciones bolivianas y el no recurrir a estas en primera instancia, así como el tema de la selección del personal que tendrá a su cargo el proceso y manifestó que existen profesionales bolivianos capaces de desempeñar lo que se ha encomendado a estas organizaciones no bolivianas.
Por su parte, Jenny Leyton, presidenta de la Asociación de Gandia, asevero que desde un principio la Coordinadora del voto en Valencia no haya buscado a las asociaciones bolivianas legalmente establecidas, por lo menos para recibir información. Leyton también lamentó que el porcentaje de votos establecidos para Valencia de 7.656 de los aproximados 20.000 en la misma ciudad, “ya excluye a los bolivianos que viven fuera de la ciudad capital valenciana”.
Jorge Arauz, presidente de la Asociación Boliviana en Oliva, se preguntó ¿de cómo o de dónde viene esa designación de estas organizaciones, o es que la Corte Electoral no tendrá presupuesto para cubrir gastos administrativos?
Con respecto al empadronamiento y la preocupación de la Coordinadora en cumplir con el cupo establecido, Arauz dijo “ya no es preciso que la Corte Electoral se preocupe por llegar a las provincias porque con el numero de bolivianos en Valencia aún habrán muchos que se quedarán con las ganas e impotencia de poder participar en el plebiscito electoral.
Se lamento porque el porcentaje asignado no solo a España sea una vergüenza y falta de compromiso de poder cumplir con la ley.
René Sansuste, Vicepresidente de la Asociación Bolivia Corazón de América, también dejo sentir su malestar porque organizaciones no bolivianas tengan que hacer un trabajo que los propios bolivianos podrían desempeñar perfectamente.
“Una vez más los bolivianos estamos siendo objeto de estudios de un proyecto político que no era necesario, tantas expectativas que se habían creado al firmarse la Nueva Constitución Política del Estado, para ahora salirnos con esto”, comentó.
Erik Pereyra, presidente de la Asociación Bolivia-España Unida, fue aún más categórico al expresar que como asociación en Valencia apoyaron la huelga de hambre que realizó el presidente Evo Morales para que el Senado aprobara la ley que daría este derecho a los bolivianos en el exterior y hoy ven con mucho pesar la asignación de un porcentaje que deja afuera a muchos compatriotas de su derecho.
El Presidente de la Asociación Boliviana en Valencia, reprochó a la Coordinadora del Voto, que no se haya informado desde un principio de cuantas asociaciones bolivianas establecidas legalmente existen y no se las haya invitado a todas.
Explicó que los bolivianos que viven en las provincias de Valencia, por informes de los dirigentes de asociaciones, ningún de los compatriotas, al menos quienes no cuentan con permiso de residencia legal se expondrán para viajar hasta los centro de empadronamiento, inscribirse y luego volver en diciembre. “Esto representa que el boliviano o boliviana tenga que perder un día de trabajo, gastar su propio dinero en pasajes y comida lo que le significaría entre 120 a 140 euros, unos 170 dólares”, apuntó.
Pereyra adelantó que en los siguientes días se reunirían las asociaciones bolivianas con el fin de analizar el tema de participación de los bolivianos en el proceso electoral, para el cual se elaboraría un manifiesto público.
Porque, dijo, después de los desaciertos y la falta de voluntad política con el derecho del voto en el exterior, no sabemos siquiera si vale la pena votar.